Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Candidato Constituyente

Mi nombre es Diego Calderón Gajardo, soy Abogado, tengo 30 años y vivo en la comuna de Buin, misma comuna donde nací y crecí, y una de las 14 comunas del Distrito 14.

 
Estudié la Enseñanza Básica en el Liceo Cardenal Caro y la Media en el Instituto Nacional, donde fui dirigente estudiantil en la Movilización Pingüina el año 2006. Luego estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y tengo un Diploma en “Competencia Política y Humanismo en el Siglo XXI” otorgado por las Fundaciones Konrad Adenauer Stiftung y Rafael Preciado Hernández.
 
Me he desempeñado en distintas funciones en el ámbito privado como en el ámbito público como asesor legislativo. El año 2016 trabajé apoyando el proceso constituyente iniciado por la Presidenta Bachelet.
 
El año 2015 fui electo Presidente Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, cargo que ejercí por tres años, formando a cientos de jóvenes de Arica a Magallanes y defendiendo diversas causas. Desde ese espacio denunciamos los abusos de las AFP, abogamos por extender la gratuidad a los Institutos Técnicos y CFT, apoyamos causas por la diversidad sexual y la no discriminación, entre otras.

 

Postulo a Constituyente por el Distrito 14, correspondiente a las comunas de San Bernardo, Buin, Paine, Calera de Tango, Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, El Monte, Isla de Maipo, Melipilla, Curacaví, María Pinto, San Pedro y Alhué.

Reproducir vídeo

Propuestas Constitucionales

La democracia es el único régimen de gobierno en que es posible lograr un respeto irrestricto a los Derechos Humanos. La Constitución debe establecer mecanismos efectivos para proteger a las personas de los abusos de que puedan ser objeto, y, asimismo, debe integrarse sin reservas al sistema internacional de protección y defensa de los DDHH.

La Constitución debe establecer como un derecho la seguridad social, imponiendo al Estado el deber de asegurar protección a los ciudadanos ante contingencias tales como cesantía, enfermedad, vejez, invalidez total o parcial y cuidado de adultos mayores no autovalentes, entre otras. 

Creemos que este asunto es esencial para avanzar a un Estado solidario y que debe establecerse que, los sistemas de seguridad social que establezca la ley, cuenten con una base pública y solidaria, y financiamiento tripartito. Lo anterior, sin perjuicio de garantizar la libertad de las personas para complementar tales sistemas con seguros privados.

La Constitución debe garantizar a las personas la seguridad y protección contra la violencia de cualquier especie, tanto dentro como fuera del hogar. Es deber del Estado otorgar protección a la población, para lo cual, estará obligado a arbitrar todos los medios que sean necesarios para la persecución de los delitos de cualquier tipo, así como la tutela del interés público en materia de seguridad, todo con pleno respeto al debido proceso y los estándares internacionales de Derechos Humanos.

Desde otra perspectiva, la protección que brinda el Estado debe considerar especialmente a las las víctimas del delito, y asegurarle un acceso efectivo y real a la justicia. Es por lo anterior, que estimamos como imprescindible la creación de una Defensoría para las víctimas de delitos, con rango constitucional, que se encargue de otorgar no sólo representación y defensa judicial a las víctimas, sino también apoyo psicosocial y económico.

La nueva Constitución debe impedir toda la desigualdad de trato. Por ello, no solo debe consagrar la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, sino que también debe explicitar el derecho de toda persona a no ser discriminada arbitrariamente.

Soñamos con un Chile en el que todos tengamos cabida y en el que nadie sea discriminado por su origen socioeconómico, género, condición sexual, etnia, nacionalidad, religión, condición de salud, edad, o cualquier otro motivo que pueda ser catalogado como arbitrario, es decir, falto de justificación razonable.

Chile será uno de los países más afectados por las consecuencias del cambio climático. Algunos efectos, como la desertificación, el aumento de las temperaturas, la baja cantidad de precipitaciones, entre otros factores, nos urgen a actualizar normativa constitucional que existe en relación a la protección y cuidado del medio ambiente y el uso de los recursos.

Es necesario contar con normas constitucionales que aseguren y garanticen a las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Dentro de los derechos específicos, podemos señalar: el derecho a tener acceso a agua fresca y potable, a vivir en un ambiente con aire limpio y a gozar de la protección de la naturaleza, entre otros. Asimismo, creemos que se deben establecer como deberes del Estado la protección de los fundamentos naturales de la vida y los animales, a través de la legislación y el ejercicio de los poderes ejecutivo y judicial.

El trabajo cumple una función esencial, tanto desde una perspectiva de realización personal como de sustento económico familiar, es por ello que el derecho del trabajo es considerado un derecho fundamental que el Estado debe garantizar en su protección (remuneraciones justas, protección frente al despido arbitrario, Derecho al descanso, condiciones dignas, no discriminación arbitraria) y, además, asegurar la libre elección del mismo.

Asimismo, la Constitución debe consagrar los tres grandes derechos colectivos del trabajo: la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y el derecho a huelga. Se debe establecer la titularidad sindical y habilitar que se legisle sobre la negociación colectiva ramal, clave ante los cambios del mercado del trabajo, para equilibrar el poder negociador de empresarios y trabajadores, y hacer viable el diálogo social.

Los desafíos de la modernidad exigen que se reconozca y eventualmente se garantice el acceso universal a Internet, que ya es considerado por la ONU como un derecho humano, al ser una herramienta indispensable para la organización de la economía, la educación, el acceso al conocimiento, la comunicación y el esparcimiento. El año 2019 el Gobierno informó que 632 localidades del país no tenían acceso a internet, y en la Región Metropolitana esto incluía a Paine y Curacaví, dos comunas de nuestro distrito. 

Es indispensable que se mandate al Estado a establecer regulaciones que aseguren un acceso de calidad e igualitario al internet, esto a un precio justo, tal como ocurre con otros servicios esenciales como el agua potable y la electricidad.

En la actualidad, Chile tiene un régimen de gobierno “Presidencialista”, que atribuye al Presidente de la República una enorme cantidad de facultades, que le permiten imponerse ante el Congreso Nacional, generando un estancamiento cuando éste no cuenta con mayoría parlamentaria.

Proponemos un sistema semipresidencial, separando la figura del Presidente (Jefe de Estado), que será electo por los ciudadanos, del Primer Ministro (Jefe de Gobierno) que será representante de la mayoría parlamentaria. De este modo se da fluidez al sistema político, facilitando Gobiernos que aseguren las mayorías necesarias para impulsar las agendas que respaldan los ciudadanos en las elecciones y evitando que se prolonguen gobiernos que pierden la confianza de la gente.

Consideramos esencial asegurar que el sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio.

Ahora bien, el sistema político debe organizarse de tal manera que asegure la participación de la ciudadanía, no sólo en elecciones libres y periódicas, sino también a través de otros mecanismos cuyo ejercicio sea permanente, tales como consultas, plebiscitos y la creación a todo nivel de órganos y procedimientos que integren a representantes de la sociedad civil, entre otros.

Chile ha avanzado a paso firme hacia la regionalización, sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con la municipalización, ignorando el problema de la concentración de poder y recursos al interior de las Regiones. En nuestras provincias, esta es una realidad evidente, pues nos encontramos postergados en relación con la provincia de Santiago en materias como transporte, medio ambiente, acceso a servicios públicos, cultura, salud y educación.

Creemos indispensable asegurar que el Estado propenda a la distribución equitativa de los recursos en las diversas comunas del país, y terminar con esta desigualdad en los presupuestos per cápita de los que disponen las Municipalidades, profundizando la inequidad territorial.

Hablemos

Si quieres puedes ponerte en contacto conmigo a través de:

MI PÁGINA EN FACEBOOK

MI CORREO ELECTRÓNICO